La jueza Loretta Preska, del tribunal del segundo distrito de Nueva York, falló este martes contra la Argentina al ordenar la cesión del 51% de las acciones de YPF como parte del pago por la expropiación de la petrolera en 2012. El fallo representa un durísimo revés para la soberanía energética del país y responde al reclamo de los fondos buitres, que litigan desde hace años en tribunales extranjeros en busca de rentabilidad a costa del patrimonio nacional.

Mientras el gobierno argentino tiene la posibilidad de apelar la decisión, crecen las críticas por la pasividad de la gestión de Javier Milei ante este ataque a los intereses del país. Lejos de defender la soberanía energética, el presidente se enfrasca en disputas ideológicas y ataques a Axel Kicillof —ministro de Economía al momento de la estatización—, en lugar de asumir una estrategia jurídica y política seria que proteja a la Argentina de los embates del poder financiero global.